Publicado el 11/07/2025 por Administrador
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El Senado de Argentina aprobó por unanimidad una ley que declara la emergencia nacional en discapacidad, en un intento por responder a la grave crisis que atraviesa el sector. La norma, votada el miércoles 10 de julio, contempla medidas urgentes para garantizar la atención de millones de personas con discapacidad y asegurar el financiamiento de prestadores que, desde hace meses, denuncian atrasos, recortes y abandono estatal. Sin embargo, el presidente Javier Milei anunció que vetará la norma y otras iniciativas sociales recientemente aprobadas, desatando un nuevo conflicto institucional.
Con 56 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara Alta convirtió en ley una propuesta que había sido impulsada por organizaciones sociales y familiares, quienes venían alertando sobre el colapso inminente de servicios esenciales como transporte adaptado, atención domiciliaria, rehabilitación y educación especial. La ley estará vigente hasta diciembre de 2026 y permitirá aumentar partidas presupuestarias, establecer mecanismos de emergencia y garantizar el acceso universal a pensiones y tratamientos.
En paralelo, el Senado también dio luz verde a otros proyectos sensibles: el aumento del haber mínimo jubilatorio de 70.000 a 110.000 pesos, la extensión de la moratoria previsional y fondos extraordinarios para provincias afectadas por catástrofes naturales. Todos estos proyectos fueron acompañados por legisladores de distintas bancadas, incluso algunos aliados del oficialismo, lo que reflejó un amplio consenso parlamentario.
Sin embargo, la reacción del Ejecutivo no tardó. Javier Milei calificó las medidas como una “irresponsabilidad fiscal criminal” y advirtió que usará “todo el poder del veto” para impedir su implementación. El mandatario aseguró que el Congreso está “tomando de rehén al superávit fiscal” y acusó a los legisladores de llevar adelante un “golpe institucional” para dinamitar su plan de ajuste económico.
Además, anticipó que, de ser necesario, judicializará el proceso legislativo y pedirá la inconstitucionalidad de las normas, lo que podría paralizar su aplicación por meses. Según sus asesores, los proyectos significarían un gasto adicional de entre el 0,3 % y el 0,5 % del PBI, algo que el Gobierno considera incompatible con su política de recorte del déficit.
Desde la oposición, la respuesta fue inmediata. Senadores peronistas, radicales y provinciales rechazaron los dichos de Milei y defendieron la legitimidad del Congreso para legislar sobre derechos sociales. “No hay superávit posible si las personas con discapacidad no pueden acceder a una silla de ruedas, a una terapia o a un transporte digno”, señalaron varios legisladores durante la sesión.
Organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por la amenaza de veto. En un comunicado conjunto, más de 40 entidades advirtieron que el Ejecutivo “está dejando morir a miles de personas vulnerables” y pidieron que se respete el espíritu de la ley. También convocaron a movilizaciones frente al Congreso en caso de que el veto se concrete.
Dentro del propio oficialismo surgieron tensiones. La vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, fue señalada por no haber frenado la sesión, algo que desató la furia del círculo presidencial. También se filtraron roces con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien evitó intervenir para evitar más fracturas internas.
El escenario ahora dependerá de la Cámara de Diputados, que podría insistir con la ley si el presidente la veta. De conseguir una mayoría especial, el Congreso podría convertir las normas en ley sin necesidad de la firma presidencial, algo que no ocurre desde hace más de una década.
El conflicto no solo expone las tensiones políticas entre los poderes del Estado, sino que vuelve a poner en el centro del debate la sostenibilidad social de las políticas de ajuste. Con las elecciones legislativas a la vista, Milei apuesta a fortalecer su imagen de defensor del equilibrio fiscal, aunque el costo político de oponerse a leyes de fuerte respaldo popular podría ser elevado.
Por ahora, el destino de la ley de emergencia en discapacidad pende de un hilo. Mientras tanto, miles de personas siguen esperando respuestas concretas que garanticen su dignidad y sus derechos más básicos.
